SE BUSCA CONTAR CON UNA LEGISLACIÓN MODERNA Y ARMONIZADA A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN LA MATERIA: DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL

El diputado Carlos Arreola Mallol, propuso una iniciativa para expedir la nueva la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de San Luis Potosí, y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para una armonización con las disposiciones federales en la materia.

Con esta nueva legislación, se abroga la Ley de Mediación y Conciliación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de abril de 2014, para cumplir con lo dispuesto con la norma federal y contar con una legislación moderna.

Señala que la actual legislación, que se propone abrogar, otorga un mayor énfasis a mecanismos de mediación y conciliación, pero, no regula integralmente la negociación y la negociación colaborativa, no desarrolla un régimen moderno de arbitraje, y no incorpora con suficiencia la operación digital ni un sistema de convenios con interoperabilidad.

Agrega que durante el año 2025, San Luis Potosí consolidó una reconfiguración del Poder Judicial mediante la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que creó el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, y que reconoció al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de Promoción de Cultura de Paz como un órgano auxiliar desconcentrado adscrito al Órgano de Administración Judicial.

“Esta nueva arquitectura exige que la Ley estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias use definiciones actualizadas y distribuya correctamente atribuciones de administración, certificación, vigilancia y disciplina”.

La propuesta adopta buenas prácticas de armonización utilizadas por otras entidades, para delimitar con claridad la materia penal, prevé reglas robustas para el sistema de convenios y establece un régimen específico para mecanismos en materia administrativa.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia.