LA CREACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS DEBE BASARSE EN EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN, EVITANDO CUALQUIER TRATO DIFERENCIADO ENTRE LAS PERSONAS: DIP. LUIS EMILIO ROSAS MONTIEL


Con el objetivo de garantizar el derecho a la no discriminación y asegurar la igualdad de trato entre las personas, la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del Estado de San Luis Potosí.

Durante sesión de trabajo, se analizó y discutió la iniciativa promovida por el diputado Marcelino Rivera Hernández, la cual establece que la creación de normas jurídicas debe basarse en el principio de no discriminación, evitando cualquier trato diferenciado entre las personas, salvo en aquellos casos donde sea necesario otorgar protección especial a ciertos sectores para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, diputado Luis Emilio Rosas Montiel, destacó la importancia de legislar bajo criterios que respeten la dignidad humana, evitando prácticas que puedan anular o menoscabar derechos y libertades.

Señaló que la iniciativa promueve un desarrollo con equidad y respeto a la diversidad, reconociendo a todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil u otras condiciones, además de impulsar la eliminación de brechas de desigualdad, particularmente entre mujeres y hombres.

El dictamen contempla reformas a las fracciones V del artículo 5; fracciones I, II, primer párrafo de la fracción III, inciso q) y último párrafo del artículo 8; fracción II del artículo 9; artículo 13; fracciones VII y VIII del artículo 17; párrafo primero y fracción II del artículo 19; así como la adición de la fracción X al artículo 17 y un tercer párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Estado.

Finalmente, el dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y, en su caso, aprobación correspondiente.