Por Neri Corpus.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. – El Congreso del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo el primer Parlamento Abierto enfocado en combatir el maltrato animal como principal objetivo de discutir la iniciativa de la «Ley Hope», la cual busca endurecer de manera severa las sanciones penales contra la crueldad animal y eliminar los vacíos legales que permiten la impunidad en la entidad.

El diputado Carlos Arreola Mallol director del Instituto de Investigaciones Legislativas, reconoció que, si bien existe una reforma constitucional previa en la materia, el propósito de este foro es delimitar con precisión técnica cómo se sancionará la violencia, bajo qué modalidades y con qué límites, construyendo la agenda penal de la mano con el pueblo.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, aseguró que se valorarán todas las propuestas jurídicas expuestas por los especialistas y penalistas con el fin de robustecer el marco del derecho penal.

En su intervención, Carla Alejandrina García Tello, representante de la iniciativa y del colectivo «Ley Hope», puntualizó que comparece en nombre del clamor de justicia de más de 23,842 firmantes. García Tello relató los últimos momentos de la canina tras ser rescatada y trasladada a una clínica veterinaria, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Asimismo, la propuesta contempla agravantes específicas para conductas de crueldad extrema, zoofilia, videograbación y difusión de los hechos, y la comisión de estos actos en presencia de menores o por parte de servidores públicos.
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García Tellode la  enfatizó que la propuesta busca reformar el artículo 317 del Código Penal del Estado no por un mero deseo de castigo, sino para cerrar definitivamente la puerta a la impunidad. Explicó que el proyecto busca que los casos más graves no concluyan en salidas alternas arbitrarias y que sea un juez quien determine la responsabilidad penal total, sin que el proceso dependa de la capacidad económica del agresor.

Ana María Guadalupe Gómez Escamilla de la Asociación Perros Extraviados en Situación Crítica de San Luis Potosí, recordó que hace una década San Luis Potosí dio un paso relevante al tipificar el maltrato animal como delito gracias al hoy  secretario general de gobierno Guadalupe Torres, pero destacó con los actos que se han vivido de crueldad animal hay una «justicia incompleta» debido a que las penas de prisión vigentes no equiparan la gravedad del daño causado y facilitan salidas alternas a los agresores.

Gómez Escamilla expuso el doloroso caso de Hope, una canina que falleció a causa de las severas secuelas pero los agresores mediante el pago de 2,500 pesos y cuatro bultos de croquetas pudieron evadir la justicia.

«Ese es el precio de la crueldad en nuestro estado(…)»Necesitamos una reforma penal que impida que los maltratadores se burlen de la ley con salidas fáciles», enfatizó la activista.