El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que antes de considerar una cancelación definitiva del contrato con la empresa encargada del acueducto El Realito, las autoridades deben analizar y definir la estrategia para sustituir el flujo de agua que esta infraestructura dota a la población, ya que una rescisión apresurada provocaría afectaciones inmediatas para la ciudadanía.

El funcionario estatal explicó que existen convenios y contratos vigentes que obligan a ambas partes a cumplir con condiciones específicas, donde el usuario tiene la obligación de pagar y la empresa operadora la responsabilidad de entregar el recurso hídrico.

Ante los constantes incumplimientos en el suministro, Torres Sánchez puntualizó que el primer paso debe ser entablar las acciones legales correspondientes para obligar a la compañía a cumplir, así como aplicar las penas convencionales y cláusulas de sanción derivadas de las afectaciones y la inacción de la empresa.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de rescindir el contrato de manera inmediata, el secretario general advirtió que no se puede tomar una decisión «a bote pronto». Subrayó que la prioridad del Gobierno del Estado es asegurar la fuente alterna que cubrirá el desabasto que dejaría El Realito, pues de lo contrario, cortar el vínculo jurídico sin un plan de sustitución listo dejaría desprotegidos a miles de hogares potosinos que dependen de ese sistema de distribución.