EL OBJETIVO ES SALVAGUARDAR LOS RECURSOS NATURALES AMBIENTALES DE ESTA IMPORTANTE ZONA, EN BENEFICIO DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y DE LA POBLACIÓN

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) del Gobierno del Estado, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan un plan de trabajo y coordinación para desarrollar, aprobar y publicar el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álvarez.

El legislador explicó que el objetivo de esta propuesta es salvaguardar los recursos ambientales de esta importante zona, en beneficio del equilibrio ecológico y de la población, mediante la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional y transparencia que contemplen la participación activa de comunidades locales, organizaciones civiles y especialistas.

Señaló que es indispensable garantizar la protección integral de la Sierra de Álvarez como corredor biológico y fuente de servicios ambientales esenciales, destacando su relevancia en la conservación de la biodiversidad y en la seguridad hídrica de la zona metropolitana de San Luis Potosí y municipios aledaños.

Badillo Moreno recordó que, la Sierra de Álvarez constituye un patrimonio natural del estado y del país, cuya preservación es fundamental para asegurar el derecho constitucional de la población a un medio ambiente sano.

Asimismo, indicó que, a pesar de haber sido decretada como Área Natural Protegida desde 1981 y recategorizada en el año 2000, la ausencia de un programa de manejo vigente ha debilitado la efectividad de su protección, lo que ha permitido la realización de actividades extractivas y contaminantes que ponen en riesgo la integridad ecológica de la región.

El diputado advirtió que diversos informes de organismos oficiales, así como reportes de medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, evidencian que esta omisión ha generado impactos ambientales y sociales significativos, comprometiendo tanto los compromisos internacionales de México en materia de biodiversidad como la calidad de vida de las comunidades.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.