SE INCORPORAN DEFINICIONES Y MODALIDADES ESPECÍFICAS QUE PERMITAN ATENDER LOS NUEVOS RETOS EN EL ENTORNO ESCOLAR La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para incorporar definiciones y modalidades específicas que permitan atender los nuevos retos en el entorno escolar. El objetivo de actualizar el marco jurídico existente, se debe a las nuevas formas de agresión que actualmente afectan la convivencia escolar y vulneran gravemente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, señaló la legisladora. La Ley General de Educación establece que corresponde a las autoridades educativas promover mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, garantizar ambientes favorables para el aprendizaje, impulsar la educación socioemocional y fomentar la cultura de paz, la solución pacífica de conflictos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En este tenor, resulta necesario reconocer que diversos ordenamientos estatales en materia de seguridad escolar responden todavía a una lógica predominantemente reactiva o securitaria, enfocada principalmente en medidas disciplinarias o de control, sin incorporar de manera suficiente los estándares contemporáneos de derechos humanos, inclusión, justicia restaurativa, salud mental, perspectiva de género, participación estudiantil y protección integral. La violencia y el maltrato en los entornos escolares constituyen una de las problemáticas más graves que afectan actualmente a niñas, niños y adolescentes, debido a las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales y académicas que generan en quienes las padecen.  Estas conductas no pueden seguir considerándose conflictos menores o situaciones aisladas propias de la convivencia escolar, pues representan formas de agresión sistemática que vulneran la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una educación en condiciones de seguridad, igualdad y bienestar. Dijo la diputada Martínez Vázquez que frente a este escenario, resulta indispensable fortalecer el marco jurídico vigente mediante la incorporación de conceptos claros, amplios y precisos que permitan identificar, prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas manifestaciones de violencia y maltrato en los entornos escolares, evitando vacíos normativos que dificulten la actuación de las autoridades y la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa parte del reconocimiento de que toda persona tiene derecho a desarrollarse en espacios educativos libres de violencia, intimidación, discriminación y abuso de poder, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar mecanismos eficaces de prevención, protección y atención integral frente a cualquier conducta que atente contra la integridad física, psicológica, emocional o sexual de quienes integran la comunidad escolar. En este sentido, las instituciones educativas, incluso aquellas de carácter privado que prestan un servicio público de educación, se encuentran obligadas a actuar bajo el principio del interés superior de la niñez, lo que implica no sólo abstenerse de vulnerar derechos, sino desplegar acciones eficaces de prevención, atención y protección frente a cualquier manifestación de violencia escolar. Así, cuando las afectaciones emocionales y psicológicas sufridas por una niña, niño o adolescente derivan directamente de conductas de hostigamiento toleradas o ignoradas por la institución educativa, se actualiza una violación grave a los derechos de la infancia, pues el deber de protección exige una actuación inmediata, diligente y efectiva encaminada a garantizar entornos escolares seguros, inclusivos y libres de violencia. La reforma propuesta tiene como finalidad actualizar el marco jurídico existente en virtud de las nuevas formas de agresión que actualmente afectan la convivencia escolar y vulneran gravemente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incorporando definiciones y modalidades específicas que permitan atender los nuevos retos en el entorno escolar. La iniciativa se turnó a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Niñas, Niños y Adolescentes, Juventud y Deporte.