FUE PRESENTADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, LA DIP. JACQUELINN JÁUREGUI Y UN GRUPO DE CIUDADANOS San Luis Potosí tendrá una Ley de Movilidad y Seguridad Vial de avanzada en el país, ya que la iniciativa presentada en conjunto con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y un grupo de ciudadanos, atiende los retos de un estado en franco desarrollo, dijo la diputada Jáuregui Mendoza al presentar la iniciativa en el Pleno, misma que fue turnada a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes. Destacó que esta iniciativa reconoce que San Luis Potosí ha enfrentado retos particulares en materia de movilidad derivados del crecimiento urbano acelerado, la expansión de zonas metropolitanas, la dispersión territorial en regiones rurales, el incremento del parque vehicular y las desigualdades sociales y territoriales que inciden en el acceso seguro y equitativo a los sistemas de transporte.  En ese contexto, el Gobierno del Estado ha impulsado durante la presente administración diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura vial, la modernización del transporte, la movilidad sostenible y la recuperación del espacio público, reconociendo que la movilidad constituye un componente estratégico para el desarrollo regional y la calidad de vida de las personas. El objetivo de la iniciativa es establecer un marco jurídico integral que garantice el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión, igualdad y equidad, colocando a las personas en el centro de la política pública, reflejando la visión de gobernanza abierta y colaborativa, al construirse mediante un esquema de diálogo entre autoridades y ciudadanía, incorporando preocupaciones legítimas relacionadas con seguridad vial, transporte público, accesibilidad, movilidad activa, ordenamiento vial y regulación del transporte de carga. La Ley prioriza a las personas peatonas, a quienes utilizan la movilidad activa o no motorizada, al transporte público y a los grupos en situación de vulnerabilidad, conforme a la jerarquía de la movilidad, y adopta el enfoque sistémico y de sistemas seguros, bajo el principio de que toda muerte o lesión grave por siniestros de tránsito es prevenible. Con ello, el Estado de San Luis Potosí fortalece un modelo de movilidad centrado en las personas, sustentado en principios de inclusión, participación social, sostenibilidad y protección de la vida. Se estructura de manera sistemática y armónica, contemplando los siguientes ejes principales: reconocimiento del derecho a la movilidad y la seguridad vial, estableciendo sus finalidades, principios rectores y obligaciones para las autoridades estatales y municipales; incorporación de un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, perspectiva de infancia, interseccionalidad, accesibilidad, diseño universal, justicia espacial y sostenibilidad, de manera transversal en todo el ordenamiento. Definición de la jerarquía de la movilidad, priorizando a las personas peatonas, ciclistas, usuarias de movilidad activa, transporte público y grupos en situación de vulnerabilidad. Creación del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, como mecanismo de coordinación interinstitucional y de participación social, encargado de conducir la política pública en la materia. Establecimiento de la Estrategia Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, como instrumento rector de planeación a corto, mediano y largo plazo; creación del Sistema Estatal de Información de Movilidad y Seguridad Vial, para la generación, sistematización y análisis de datos que permitan la toma de decisiones basadas en evidencia, la evaluación de políticas públicas y la rendición de cuentas. Regulación de la planeación, diseño y operación de la infraestructura vial, incorporando criterios de calles completas, pacificación del tránsito, velocidades seguras y protección prioritaria de personas peatonas y usuarias de movilidad activa. Reconocimiento de los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, garantizando atención integral, reparación, muertes y lesiones por siniestros de tránsito, mejora la calidad de vida de la población y garantiza una movilidad más segura, incluyente y equitativa, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.