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CONGRESO EXHORTA A 56 MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ A IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA

El diputado Rubén Guajardo Barrera anunció que presentará un exhorto a 56 ayuntamientos potosinos para que adopten e implementen el Sistema de Justicia Cívica, esquema que actualmente solo opera en tres municipios de la entidad.

Tras la aprobación de la Ley de Justicia Cívica a nivel estatal, el legislador Guajardo Barrera busca impulsar una segunda etapa para lograr que este modelo sea operativo en la totalidad del territorio potosino. Hasta el momento, únicamente San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles cuentan con este sistema en funciones.

Rubén Guajardo Barrera, integrante de la Primera Comisión de Hacienda Municipal, destacó que este es el momento oportuno para realizar el llamado a los ayuntamientos, ya que se encuentran en la fase previa a la conformación de sus presupuestos e integración de la Ley de Egresos para los próximos ejercicios fiscales.


«Este sistema ayuda a resolver grandes conflictos dentro de las ciudades y le quita una gran carga de trabajo a la Fiscalía General del Estado. Es un tema totalmente preventivo que permite gobernar mejor y genera beneficios a corto y mediano plazo en materia de seguridad pública», señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera.


Ante cuestionamientos sobre la carga financiera que implicaría para los municipios, el congresista aclaró que la implementación no requiere necesariamente de grandes inversiones de infraestructura, sino de una asignación presupuestal gradual que contemple el uso eficiente de los recursos.


Debido al principio de autonomía municipal consagrado en el Artículo 115 Constitucional, el Congreso del Estado no tiene la facultad de obligar a los ayuntamientos a adoptar este modelo, por lo que el exhorto impulsado por Guajardo Barrera busca ser una herramienta de diálogo que permita dar a conocer las bondades del sistema a las y los alcaldes.

Finalmente, Rubén Guajardo Barrera reiteró que el compromiso no concluye con la promulgación de la ley estatal, sino con el acompañamiento a los ayuntamientos para garantizar que la justicia cívica se traduzca en una mejor convivencia social y mayor tranquilidad para la población.