El Congreso de San Luis Potosí aprobó, con 17 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, la reforma constitucional que modifica el artículo 122 Bis de la Constitución local. Su objetivo principal es establecer un régimen propio y directo de requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), desvinculándola de las reglas aplicables a las magistraturas del Poder Judicial.

Entre las modificaciones clave se encuentra la supresión de la obligación de haber nacido en San Luis Potosí, permitiendo que ahora baste con la nacionalidad mexicana por nacimiento junto con una residencia probada en el estado de dos años, a diferencia del periodo previo de cinco.

De igual forma, el tiempo mínimo de experiencia profesional exigido disminuyó a cinco años y se amplió el abanico de trayectorias válidas para acreditarla, abarcando la docencia, el litigio, la investigación jurídica, la asesoría legal y el servicio público.