La fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida sobrevivió a un ataque armado directo perpetrado a unas cuadras de su domicilio en Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado investiga los hechos bajo el tipo penal de feminicidio en grado de tentativa, con líneas de investigación vinculadas a su labor como defensora de derechos humanos y su búsqueda ininterrumpida desde 2009 para localizar a su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, desaparecido en Pueblos Unidos.
El atentado contra la activista revive el historial de agresiones sistemáticas contra mujeres buscadoras en la entidad, donde colectivos como Voces Unidas por la Vida, Rastreadoras de El Fuerte, Sabuesos Guerreras y Corazones Unidos por una misma Causa han enfrentado homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento y amenazas a lo largo de más de una década. Entre los antecedentes figuran el asesinato de Sandra Luz Hernández en 2014, el crimen de Rosario Lilián en 2022, las amenazas contra Mirna Nereyda Medina y María Isabel Cruz Bernal, la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en 2025 y el hallazgo sin vida de Rubí Patricia Gómez-Tagle a principios de este año.
La labor de la activista ha estado centrada en los últimos meses en exigir la exhumación masiva de cuerpos en la fosa común del panteón 21 de marzo en Culiacán, sitio que resguarda a más de 850 personas no identificadas, de acuerdo con registros oficiales de la fiscalía estatal. A pesar de los riesgos latentes y la impunidad generalizada que prevalece en los expedientes de agresiones contra buscadoras en la región, la organización civil continúa con los trabajos de rastreo forense y la exigencia de justicia para los desaparecidos de Sinaloa.