El sistema de impartición de justicia en materia familiar en San Luis Potosí atraviesa una crisis estructural que mantiene a decenas de niñas, niños y adolescentes en medio de procesos prolongados, marcados por la burocracia, la falta de personal y un rezago en los expedientes que refleja la violencia institucional que daña a las madres y a sus hijos, convirtiéndose en cómplices indirectos de los agresores.

Abogadas defensoras de derechos humanos y víctimas de violencia vicaria en San Luis Potosí alzaron la voz con desesperación para poder ver pronto a sus hijos, exigiendo a los juzgados familiares y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado que garanticen una justicia pronta, expedita y con estricta perspectiva de infancia. Denunciaron que el colapso administrativo del Supremo Tribunal de Justicia, debido a la falta de personal, aumenta severamente la violencia vicaria, provocando en las madres frustración y tortura psicológica a causa de los procesos prolongados.

La abogada defensora contra la violencia vicaria, Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, señaló que la exigencia principal hacia los juzgadores especialmente aquellos «nuevos» que prometieron transformar el acceso a la justicia.es que cumplan con su trabajo conforme a los plazos establecidos en el código de procedimientos. Cuéllar Ochoa denunció que muchos procesos se extienden de manera injustificada debido a que la emisión de acuerdos llega a demorar entre uno y dos meses después de presentada una promoción, una dilación inadmisible cuando se trata de derechos de la infancia.

Por su parte, la abogada defensora Alejandra Rivera advirtió que la situación ha llegado a un punto alarmante en el que los menores y sus familias tienen que esperar de tres a cuatro meses tan solo para regularizar una convivencia o asegurar el pago de alimentos. Rivera explicó que esta lentitud ha obligado a los litigantes a saturar los juzgados de distrito mediante juicios de amparo para que los órganos federales ordenen a los tribunales locales acordar de forma inmediata en beneficio de los menores. No obstante, aclaró que esta medida no busca un golpeteo institucional, sino evidenciar la urgente necesidad de dotar de más personal y recursos a los juzgados familiares, los cuales arrastran un rezago acumulado que impacta directamente en el derecho de los hijos a no ver su vida completamente judicializada.

Para Marlene Múzquiz Flores, una de las víctimas de la violencia institucional y vicaria, el tiempo se detuvo el pasado 1 de julio, fecha en la que su bebé recién nacido, de apenas 7 meses de edad, fue sustraído por su propio padre mediante engaños al llevarla al trabajo, lo que se convirtió en una pesadilla jurídica y emocional que exhibe las entrañas más crueles de la violencia vicaria y la indolencia institucional en San Luis Potosí.

«Como ya no quería estar conmigo, tampoco iba a estar con mi hijo», fue lo que escuchó tras terminar sus clases como maestra antes de ir a buscar auxilio. Acudió de inmediato a la Fiscalía. El calvario de Marlene por recuperar a su bebé de siete meses, sustraído por su padre, quien ha desacatado sistemáticamente órdenes de restitución y faltado a 24 citas de convivencia esto se agravó cuando denunció que la familia de su expareja la sacó con violencia de su hogar.

Además, dijo  que ha sufrido hostigamiento y ha sido amenazada constantemente por la abogada del padre de su hijo.

Marlene Múzquiz mencionó que el expediente para poder ver de nueva cuenta a su hijo ha permanecido atrapado en un laberinto burocrático, rebotando con retrasos e irregularidades entre los juzgados Segundo de Distrito, Quinto y Primero. Toda esta red de omisiones e intimidación ha cobrado una factura devastadora en la salud física y emocional de la madre, quien dijo que enfrenta pérdida de peso, alopecia y un desgaste severo en su entorno laboral y personal.

Adriana Luna Martínez, otra madre víctima de violencia vicaria, señaló que sus hijos Emiliano y Nicolás están detrás de un expediente con el corazón roto y sin respuestas del Juzgado Cuarto. Adriana denunció irregularidades en el expediente, como un emplazamiento ilegal al cual no fue notificada para la primera audiencia, lo que derivó en la sustracción de su hijo en 2026. Dijo que en ese proceso el juez le otorgó la custodia definitiva al padre y que, desde ese día, Adriana solo puede convivir con él durante 60 minutos.

La abogada Alejandra Rivera dijo que existen acuerdos pendientes desde hace cinco meses relacionados con pensiones alimenticias, donde las respuestas institucionales se limitan a promesas de pronta salida que nunca se materializan. Añadió que se han incrementado las denuncias por sustracción de menores y se han profundizado los conflictos entre progenitores, evidenciando la carencia de un acompañamiento psicológico funcional y especializado en procesos de revinculación que permita resolver los diferendos antes de que los expedientes alcancen los diez tomos de litigio.

Por su parte, Cuéllar Ochoa alertó sobre los abusos económicos cometidos en perjuicio de madres y padres que luchan por reencontrarse con sus hijos, con cobros de hasta 60,000 pesos por concepto de peritajes y valoraciones. Ante este panorama, indicó que el llamado es para los profesionales del derecho y de la psicología para que conduzcan su labor bajo una estricta perspectiva de género e infancia, aplicando de manera efectiva y permanente el interés superior de la niñez y erradicando prácticas dilatorias y chicanas jurídicas empleadas para obstaculizar los procedimientos.

Finalmente, señalaron que las más de 30 colectivas que conforman Red Libre anunciaron que mantendrán acciones de visibilización los días 25 de cada mes para denunciar las violencias vicaria e institucional que vulneran a las infancias potosinas, culminando en las conmemoraciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las cifras oficiales del diagnóstico sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí revelan una realidad alarmante: el sistema de impartición de justicia civil ha identificado 9,853 carpetas de investigación relacionadas con NNA entre 2020 y septiembre de 2025, de las cuales apenas un 3.5% habrían sido judicializadas. Asimismo, en el mismo periodo se registraron 1,492 delitos sexuales contra NNA que incluyen violencia sexual, violencia familiar y dificultades para acceder a medidas de protección y repetición de relatos ante distintas autoridades, dilaciones y obstáculos evidenciando una problemática estructural que no termina en los juzgados familiares y donde las infancias continúan enfrentando desprotección institucional.