En el marco de la conmemoración por el bicentenario del Congreso del Estado, se llevó a cabo el foro «Hito de la representación: derecho de voto a la mujer», un espacio de análisis donde especialistas y autoridades electorales reflexionaron sobre los avances, retrocesos y desafíos persistentes en la participación política femenina en San Luis Potosí.
Durante el encuentro, la doctora Susana Herrera Guerra Investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación recordó que el Decreto 103, impulsado por Rafael Nieto y aprobado en 1923, marcó un precedente histórico al reconocer el voto de las mujeres antes de su derogación en 1926, visibilizando a maestras, obreras, profesionistas y feministas de la época.
Por su parte, la doctora Blnaca Susana Vega Martínez Cordinadora de la Maestria en Psicología UASLP, señaló que el analfabetismo generalizado que afectaba al 70 por ciento de la población tras la Revolución limitó el alcance real de aquella ley, un derecho que debió consolidarse décadas más tarde con figuras como Hermila Galindo.
En su intervención, la antropóloga social Marcela Sánchez Flores advirtió que las mujeres indígenas enfrentaron y continúan enfrentando una opresión interseccional, agravada por la falta histórica de educación y marginación. que si bie
También dijo que en 2003 se reformó el artículo 9 de la Constitución estatal para reconocer a las comunidades indígenas como sujetas de derecho público anticipándose a la federación, los recientes procesos de armonización con la legislación federal han generado preocupación al limitar derechos previamente adquiridos en materia territorial.
Finalmente, Fabiola Rivera Rojas, coordinadora de género e inclusión del CEEPAC, destacó que la actual consagración constitucional de la paridad en todo es el resultado de una larga lucha y numerosos sacrificios generacionales. Subrayó que el organismo electoral mantiene a disposición de la ciudadanía y de la investigación histórica los datos y registros sobre la participación de las mujeres en la vida pública, reiterando el compromiso institucional de garantizar un piso parejo, libre de violencia e impulsando la igualdad sustantiva.
