EN ESE PLAZO DEBERÁN LLEVARSE A CABO DEBATES ENTRE CANDIDATOS CONVOCADOS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL: DIP. LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal Electoral para que las campañas electorales para la gubernatura del estado, así como para las diputaciones y ayuntamientos, tengan una duración de 45 días; actualmente la de gobernador dura 60 días, y las de diputados y ayuntamientos 40 días.

Asimismo, señala que en materia de debates, es obligatoria la organización de por lo menos dos entre todos los candidatos o candidatas a la Gubernatura del Estado, dentro de los 45 días del plazo de campaña y uno entre los candidatos o candidatas por cada distrito, también dentro de los 45 días del plazo de la campaña.

La Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece actualmente una duración diferenciada de las campañas electorales: 60 días para la elección de la Gubernatura y 40 días para diputaciones y ayuntamientos. Dicho esquema responde a una configuración legislativa válida, pero susceptible de perfeccionamiento, ya que si bien dicha distinción ha respondido a condiciones históricas del sistema electoral, en la actualidad puede generar complejidad en la comprensión ciudadana del proceso electoral, así como potenciales asimetrías en la exposición pública de las candidaturas.

Explicó que la iniciativa parte de una premisa constitucionalmente valida: la eficacia democrática de una campaña no depende exclusivamente de su extensión temporal, sino de que el tiempo previsto sea suficiente, proporcional y funcional para cumplir sus fines constitucionales. En ese sentido, la homologación a 45 días que por esta vía se propone, constituye una solución intermedia racional.

De esta manera, reduce 15 días para gubernatura; amplía cinco días para diputaciones y ayuntamientos; corrige asimetrías y genera un modelo homogéneo. No es una disminución arbitraria ni una ampliación aislada, sino una armonización, expuso la legisladora proponente.

Además, encuentra respaldo en experiencias comparadas del constitucionalismo electoral mexicano, diversas entidades federativas han configurado históricamente modelos de campañas con temporalidades distintas, incluso con esquemas cercanos o inferiores a 45 días para determinados cargos.  Ello confirma dos premisas: que no existe un modelo único de duración de campañas en el federalismo electoral mexicano y que la propuesta de 45 días no constituye una innovación disruptiva, sino una opción razonable dentro de soluciones ya compatibles con el sistema constitucional.

La propuesta fortalece el principio de equidad en la contienda; la temporalidad de las campañas no es un dato neutro; forma parte de las condiciones normativas de competencia. Homologar plazos permite mayor simetría entre candidaturas; deliberación pública más ordenada y mejores condiciones para un voto libre e informado.

La diputada Vázquez Hernández añadió que la reforma privilegia calidad deliberativa sobre duración excesiva, optimización del gasto electoral y racionalidad institucional y se sustenta en los principios de eficiencia, economía y racionalidad previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal, en donde se señala que los recursos económicos de que dispongan las entidades federativas se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Esta iniciativa no invade atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues no modifica topes de gasto; fiscalización; financiamiento ni facultades administrativas del órgano electoral. La reforma incide exclusivamente en una definición legislativa sobre duración de campañas.

En ese ámbito, la homologación propuesta responde al principio de optimización del gasto electoral, entendido como deber del legislador de procurar que las reglas del proceso electoral permitan que los recursos públicos vinculados a la competencia política operen bajo criterios de suficiencia, racionalidad y eficacia.

“No se trata de un argumento de reducción presupuestal, sino de racionalidad institucional. La duración de campañas debe ser suficiente para cumplir sus fines, sin extender temporalidades mayores a las necesarias”, puntualizó.

La propuesta se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.