LA DIP. SARA ROCHA MEDINA PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO DIRIGIDO A ESA INSTANCIA

La diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó un punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la Coordinación Estatal del IMSS-BIENESTAR en San Luis Potosí, para que proporcione un adecuado suministro de material y conectividad digital para las unidades de salud operativas de la región huasteca.

Es necesario priorizar localidades con mayor dispersión geográfica en los municipios de Tampamolón, Tanlajás y la comunidad El Jabalí, dotándolas de internet institucional seguro, computadoras funcionales y papelería oficial para dar cumplimiento a la NOM-005-SSA3-2010.

Se le exhorta a que solucione definitivamente la confrontación operativa entre las plataformas informáticas SESALUD y SINBA, eliminando de forma inmediata la duplicidad de captura de datos clínicos impuesto al personal médico y paramédico, en estricto apego a las disposiciones federales de la NOM-024-SSA3-2012.

También, para que garantice el mantenimiento oportuno de los vehículos oficiales y la expedición formal de los oficios de comisión correspondientes para salvaguardar los derechos laborales del personal ante riesgos de trabajo.

Expuso la diputada Rocha Medina que el marco de la federalización y unificación de los servicios de salud pública en el Estado mexicano, consolidado a través del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-BIENESTAR, mandata una transición que no solo debe ceñirse a la transferencia de activos, sino a la armonización estricta de los procesos administrativos y jurídicos.

A través de las supervisiones de control interno realizadas en las microrregiones de esta demarcación, se ha documentado de manera sistemática un incremento sustancial en la emisión de indicaciones verbales sin respaldo documental. Tradicionalmente, la administración de salud ha descansado sobre el principio de literalidad y constancia documental.

En la actualidad, diversas áreas de supervisión emiten directrices de impacto clínico y laboral por vías estrictamente verbales, telefónicas o informales, soslayando la formalidad del oficio firmado por autoridad competente, lo que coloca al personal médico de primer nivel en un estado de incertidumbre jurídica respecto a la validez y alcance de sus obligaciones operativas.

Las unidades de salud rurales reciben requerimientos de información estadística, inventarios o movilización de plantillas con plazos de cumplimiento perentorios e inviables para las realidades regionales. Estas órdenes extraordinarias se generan de manera improvisada, desprovistas de análisis técnico previo y omitiendo por completo los calendarios de entrega aprobados institucionalmente por el propio sector central, lo que fragmenta las jornadas de consulta y los programas preventivos comunitarios de salud.

La falta de soporte técnico y de internet institucional obliga al personal de campo a erogar recursos propios o a abandonar físicamente las unidades médicas de su adscripción para acudir a cabeceras municipales a enviar correos electrónicos en servicios de internet públicos. Esto no solo desatiende la consulta externa programada de la población, sino que precariza el servicio de salud y demuestra una total falta de sensibilidad operativa por parte de las coordinaciones estatales emisoras.

Las carencias estructurales detectadas en las unidades periféricas de ejemplos críticos como Tampamolón, Tanlajás y la localidad de El Jabalí impiden el correcto desahogo de requerimientos urgentes. Es inviable operativamente exigir dinamismo informático y cumplimiento de metas estadísticas a centros de salud que carecen de conectividad regular, insumos materiales básicos y equipos funcionales. Por ende, para solucionar las fallas de captura e información de los sistemas SESALUD y SINBA, la Coordinación Estatal debe adoptar de manera prioritaria.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis y dictamen.